Con preocupación sigue la comunidad maipucina la situación en la que el municipio de Maipú se encuentra luego que perdiera varios de los juicios entablados en su contra por trabajadores despedidos por la actual administración.
A la fecha, según revelaron seis concejales del municipio que el pasado 13 de junio solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Maipú está comprometida a cancelar una suma cercana a los 2 mil millones de pesos a 53 exfuncionarios, “faltando aún saber qué pasó con los otros 833 funcionarios restantes”, indican.
Los concejales Marcela Silva, Pedro Delgadillo, Ariel Ramos, Erto Pantoja, Gonzalo Ponce y Abraham Donoso agregan que, debido a la situación, el ítem “Compensación por daños a terceros y/o propiedad” del Presupuesto Municipal para el año 2018 ya cuenta con un déficit de $1.339.155.186.
En su presentación, los concejales solicitan al Contralor que se pronuncie acerca de la “legalidad y responsabilidad de la administración municipal de parte de la alcaldesa y sus asesores” y sobre la “existencia de irregularidades por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica en la participación y seguimiento de los juicios laborales en contra de la Ilustre Municipalidad de Maipú”, pidiendo que “en caso de detectar irregularidades e ilegalidades, dictar las medidas que en derecho correspondan”.
Versión del municipio
El pasado 6 de junio, cuando la información de los millonarios pagos que el municipio debería hacer a los despedidos comenzaba a circular en diversos sitios electrónicos, la alcaldesa Cathy Barriga salió al paso declarando que muchas de las demandas “se encuentran actualmente con recursos de nulidad y de unificación de jurisprudencia pendientes de conocimiento por los Tribunales Superiores de Justicia, y en ese sentido, aún no han sido resueltas”.
Además, agregó que “sabiendo que este es un tema que compete al órgano Ejecutivo y Legislativo, en tanto zanja la problemática que hoy existe con los prestadores de servicios y las leyes laborales o códigos de trabajo, se interpondrá un requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad ante al Tribunal Constitucional para insistir en que la actuación de los Tribunales de Justicia en torno a desconocer la facultad de los organismos públicos de contratar prestadores de servicios, amparado en el artículo 4 de la Ley 18.883, afecta no sólo a los Municipios, sino a la función pública y estatal en su totalidad”.
La declaración de la alcaldesa trató de desvirtuar las informaciones que indican que la afectación del presupuesto municipal, por el pago de indemnizaciones y obligaciones previsionales a la totalidad de trabajadores despedidos en su administración, podría llegar a los 20 mil millones de pesos.
Pese a lo que señala el municipio en voz de su alcaldesa, la sola suposición de que casi un sexto de su presupuesto anual pueda verse comprometido por decisiones administrativas pone en cuestión, al menos, la prudencia de las mismas.
Es lo que deberá aclarar la Contraloría General de la República a requerimiento de parte del Concejo Municipal de Maipú.
Foto: Archivo Maipú a su Servicio